Hasta el 28 de febrero de 2021, se han contabilizado 23 feminicidios, 51 tentativas de asesinato contra mujeres por razones de género y más de 22.000 casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM), de acuerdo al Programa Aurora. Cifras que parecen ser una continuación de los registros que, en los últimos años, no han hecho más que aumentar.
En el país, el 67,6% de mujeres ha experimentado alguna vez en su vida una situación de violencia psicológica, física o sexual, de acuerdo a la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) 2019. Si bien el porcentaje evidencia el alto grado de ataques que afronta la población femenina, un análisis a las propuestas de los candidatos evidencia que en su mayoría esto no parece ser suficiente para que las agrupaciones lo consideren en sus planes de gobierno.
La violencia física y sexual, así como la doméstica, son las que más se mencionan en los documentos partidarios; sin embargo, especialistas explican que abordar la violencia basada en género implica también mirar los diversos tipos de ataques contra esta población e idear propuestas de prevención, así como cambios estructurales.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) certificó que dos de cada 100 mujeres de 15 años a más no denuncian estos hechos por desconocer al delincuente (24,7%), considerarlo un delito de poca importancia (18,4%) o “representar una pérdida de tiempo” (15,0%).
Asimismo, la Enares 2019 mostró que del total de mujeres afectadas por violencia física, psicológica o sexual en los últimos doce meses antes del estudio, un 23,3% no pidió ayuda “por vergüenza”.
A pesar de estos altos índices, el plan de gobierno del candidato de Renacimiento Unido Nacional (Runa), Ciro Gálvez, no contiene propuestas de cambio ni de atención para las sobrevivientes de la violencia machista. Por el contrario, si bien identifica la violencia familiar y el incremento de los feminicidios como problemáticas, entre los pocos objetivos estratégicos propuestos se mantiene la reproducción de ideas patriarcales y discriminatorias, al considerar únicamente como familia a la conformada por un varón y una mujer o al crear políticas laborales no presenciales para que estas últimas “contribuya(n) mayor tiempo de dedicación a la familia y al hogar”.
En esa misma línea, el Partido Político Nacional Perú Libre describe bajo su visión los esquemas de desigualdad entre hombres y mujeres sin ahondar en formas de solución. El capítulo La mujer socialista del plan de gobierno de Pedro Castillo culpa al “sistema neoliberal” de ese desequilibrio y reitera en la necesidad de lograr ese cambio para mejorar la problemática. Dentro del documento, también se enfatiza en que se trabajará para desterrar el machismo “sin que ello signifique instalar su extremo contrario, el feminismo”. Una afirmación incorrecta, pues el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres.
Unión por el Perú y el Partido Popular Cristiano tampoco proponen cambios sustanciales sobre el tema. Entre las políticas propuestas por José Vega (UPP) se hace mención solo a la violencia familiar y a crear programas, pero no se explica cómo funcionarían. Por su parte, el documento de Alberto Beingolea (PPC) no menciona la política a implementar en caso sea presidente, aunque se consideran los enfoques de género, interseccionalidad e integridad como ámbitos de aplicación en un posible mandato.
Otra nula consideración es el plan de gobierno de Rafael López, candidato de Renovación Popular, en el cual tampoco se hace mención alguna, diagnóstico o propuesta sobre el tema. Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, precisa que esta ausencia refleja falta de interés.
Más aún, preocupa la postura que el empresario mantuvo en una entrevista con La República, en la cual indicó que de llegar al Ejecutivo eliminaría el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por estar “de adorno”, ya que no hay casas de acogidas implementadas para las “mujeres golpeadas”.
Alianza para el Progreso y Podemos Perú también pretenden cerrar esta entidad. En el caso del partido de César Acuña, se propone que sus funciones sean absorbidas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Mientras que el partido de Daniel Urresti plantea crear una nueva cartera, llamada Ministerio de Ciudadanía, Familia y Desarrollo Social.
Wilson Hernández, investigador en Grade y editor del libro Violencias contra las mujeres, explica que eliminar el MIMP con el fin de que otra institución pública asuma sus funciones es suprimir varias políticas dirigidas por el organismo rector. Es decir, los programas ya existentes y las metas serían complicadas de alcanzar.
“No sería una problemática que tendría centralidad, entonces va a seguir su ruta vegetativa, como si el Estado tuviera una intervención mínima cuando en realidad debe tener una máxima”, comenta el especialista.
El 25 de noviembre de 2020, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversos colectivos marcharon exigieron justicia. Foto: Jorge Cerdán / GLRLa violencia de género es un problema estructural que afecta en mayoría a las mujeres. Sin embargo, algunos planes de gobierno la colocan dentro del eje de seguridad ciudadana o nacional. En otras palabras, vinculadas a la delincuencia.
Un primer cuestionamiento dentro de lo señalado en los documentos presentados ante el JNE es la diferenciación entre violencia y violencia de género. Si bien hay un componente de género al abordar políticas de mejora en la seguridad ciudadana, como señala Liz Meléndez, hacer frente a la violencia contra las mujeres implica también proponer acciones de prevención, educación y derechos humanos.
El plan de gobierno de Hernando de Soto, de Avanza País, solo considera a las mujeres víctimas de violencia como un indicador de mejora en el eje mencionado. Es decir, no contiene ninguna propuesta sobre el tema. La otra referencia se da en el apartado valores de la organización política, en la cual solo se expresa que la población femenina debe tener una mayor participación con igualdad de oportunidades.
De igual manera, el Partido Morado tampoco tiene propuestas integrales sobre esta temática, sino que toma en cuenta las cifras de ataques contra las mujeres de manera general y no las destaca como un problema estructural. En diálogo con La República, Alfredo Urquiza, subsecretario del plan de gobierno nacional de la agrupación, indicó que se plantea en el eje de seguridad ciudadana por un “tema de estadística”.
Democracia Directa y Perú Patria Segura también contienen cifras dentro de sus capítulos de seguridad. En el caso de Andrés Alcántara, se describen las denuncias registradas, pero se propone un objetivo “estratégico” general: "reducir la violencia en los diversos ámbitos de la sociedad". Por su parte, el partido de Rafael Santos plantea “unidades especializadas para brindar atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia”. Más allá de eso, no hay otras soluciones.
El plan de gobierno de Acción Popular incluye la violencia contra la mujer como parte de la violencia familiar a pesar de que la Ley 30346 reconoce que existen daños en el ámbito privado, pero también en el público, con una afectación principal a esta población.
La otra temática redactada por AP es sobre la violación de niños y mujeres. Para ello, se indica la única propuesta considerada: castración química. Esta medida, que incluye administrar un tratamiento farmacológico u hormonal para reducir el impulso sexual de las personas, es considerada como pena accesoria para violadores. Incluso, se dice que “ha conseguido reducir el número de violaciones”, una afirmación falsa, de acuerdo a una revisión de PerúCheck. Meléndez señala que esto responde a una medida populista y que los casos de violaciones no están vinculados al libido, sino a estructuras machistas de control y dominación sobre el cuerpo.
“Lo único que muestra es una gran indiferencia frente al problema. Hay una indignación frente a los casos horrorosos que hemos visto de violencia sexual; sin embargo, no está planteando una solución. La violencia sexual no tiene que ver con la libido, con las ganas de alguien de tener sexo; sino con una situación de poder, de desigualdad, con un hecho de subordinación y control de un cuerpo”, resalta la integrante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
La propuesta del candidato Lescano ya ha sido presentada en el Congreso de la República y en todas las ocasiones se archivó o no prosperó. En sus 20 años como parlamentario, presentó proyectos de ley que consideraban la castración química hasta en tres ocasiones.
Amnistía Internacional indicó en 2016 —a raíz de la aprobación de esta práctica en Indonesia— que la castración química forzada contra los perpetradores de delitos sexuales no era justicia, sino una pena incompatible con los derechos humanos.
Algunos candidatos tienen más de una propuesta para abordar la violencia contra las mujeres; sin embargo, la diferenciación radica en el enfoque que se le dan a estos planteamientos.
Dentro de este grupo se encuentran Daniel Salaverry y Keiko Fujimori. Ambos idean más de una política de protección y atención hacia esta población, pero su diferencia radica en el enfoque de género. Mientras que Somos Perú hace solo una mención a este tema, la fujimorista utilizó —en el último debate presidencial— el término de “ideología” y enfatizó en que su trabajo es por la igualdad entre ambos sexos.
Tanto Meléndez como Hernández señalan que, si bien son importantes las políticas de atención, también es necesario abordar las causas estructurales del machismo. El investigador de Grade agrega además que junto a ello se debe trabajar en las campañas de comunicación e información.
Parte de esta recomendación es considerada en el plan de gobierno del Partido Nacionalista. La guía presidencial de Ollanta Humala considera mejoras en el MIMP, pero también plantea “promover desde la educación infantil, una cultura de tolerancia y de igualdad para desterrar la vieja cultura de discriminación a las mujeres y poblaciones vulnerables”. No obstante, no se considera el enfoque de género como una solución explícita, aunque en algunas entrevistas el exmandatario recordó que en su Gobierno lo incluyó como política de Estado.
En tanto, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad formula mejoras en la atención de las sobrevivientes de la violencia machista y en la articulación de políticas públicas para reducir las cifras. El enfoque de género aparece dentro de las capacitaciones a los funcionarios que atienden a las denunciantes.
En la otra escena están las observaciones de Juntos por el Perú, que visibilizan algunas de las otras temáticas relacionadas como la violencia doméstica, económica, sexual y más. Asimismo, al igual que en otros partidos políticos, el de Verónika Mendoza recoge propuestas para mejorar los servicios de atención a las sobrevivientes de la violencia machista como incrementar el número de casas de refugio, brindar un acompañamiento integral o capacitar a funcionarios.
Pero, además, una de las ideas centrales y diferentes a los otros planteamientos es que añade el enfoque de género dentro de la educación y formación. Meléndez recuerda que este ayuda a deconstruir las causas estructurales de la violencia y propone una vida sin discriminación ni odio, es decir, previene que actos similares ocurran en el futuro. “Hay lógicas desiguales de poder y esto justamente es lo que se tiene que subvertir. No podemos caminar pensando que es algo malo”, detalla. “Todo está absolutamente interconectado porque tiene que ver con las lógicas de discriminación. Esto se debe entender para tener políticas integrales”, agrega.
Juntos por el Perú es la única organización política que tiene propuestas en todos los indicadores considerados en una guía para conocer los planteamientos de los partidos sobre los derechos de las mujeres, elaborada por la iniciativa ¡Somos la mitad, queremos paridad sin acoso!, el Movimiento Manuela Ramos y el CMP Flora Tristán. El partido tiene planteamientos para la vida libre de violencias, participación política, salud sexual y salud reproductiva, educación, justicia y políticas de igualdad, concebidos por las organizadoras como ejes de continuación y fortalecimiento a favor de los derechos humanos de esta población.
Por último, el plan de gobierno de Victoria Nacional también tiene algunas ideas similares para la atención de las sobrevivientes de la violencia machista; sin embargo, el enfoque de género se considera de manera general y como parte de la implementación de las políticas públicas y gestión institucional. George Forsyth, al igual que Mendoza, se han mostrado a favor de este —en el último debate presidencial del JNE— como una necesidad para abordar las causas de la violencia de género contra las mujeres.
Es cierto que hay un 94,4% de peruanos y peruanas que considera que la violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada por ley, pero todavía cerca del 53% indica que las mujeres deben ser madre y esposa antes de decidir sobre sus sueños o vidas, de acuerdo a la Enares 2019.
Por ello, Hernández enfatiza en seguir pensando las políticas públicas para reducir este delito. Sobre todo, a pensar programas específicos para las diversas poblaciones afectadas por violencia basada en género. “La dependencia emocional, la dependencia económica, si en tu familia hubo este tipo de agresiones, si se tiene distintas formas de agresiones, cuál es la intensidad y frecuencia (...) configura que no hay un único perfil y que por lo tanto todas estas medidas que pretenden ser universales van a funcionar para un subgrupo, que es aquel que reacciona mejor”, sentencia.
En gran medida, los planes de gobierno son una guía y un primer acercamiento para saber cuál es la cobertura que le da un partido político a un determinado tema. El próximo 11 de abril se sabrá bajo qué pautas se podrían ejecutar las nuevas políticas del futuro Gobierno con el fin de reducir la violencia de género contra las mujeres en sus diversas y variadas formas de ataque.