Keiko Sofía Fujimori Higuchi es más que conocida en la política peruana. Desde muy joven, tomó un protagonismo innecesario pero útil para el gobierno de su padre, el expresidente y dictador Alberto Fujimori, convirtiéndose en la primera dama más joven de Latinoamérica a los 20 años.
Keiko estuvo de acuerdo con el régimen de su progenitor que quiso iniciar una carrera política para perpetrar su legado. De esta manera, ha pasado de congresista, candidata presidencial en el 2011 con el partido al cual fundó como Fuerza 2011, para volver a presentarse a los comicios en el 2016 con Fuerza Popular (la misma agrupación política con nuevo nombre), y por tercera vez en estas Elecciones Generales 2021.
Además, es investigada por corrupción y acusada a 30 años y 10 meses de cárcel. Ha sido tres veces detenida al encontrarse graves elementos de convicción en su contra sobre los presuntos delitos que se le imputa. El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato, es quien está a cargo de las indagaciones en su contra por el caso Cócteles, que busca los supuestos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales.
El partido que lidera obtuvo la mayoría en el Parlamento durante las elecciones del 2016, pues logró conseguir 73 escaños, los cuales los utilizó para blindar al defenestrado fiscal Pedro Chávarry y otros cuestionados del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aprobar leyes inconstitucionales y petardear al gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En las elecciones 2016, Fuerza Popular logró 73 escaños en el Congreso. Foto: difusión
Ese fue el inicio de la crisis política que se ha vivido en el Perú durante el último quinquenio, pues a partir del pedido de vacancia contra Kuczynski, esta herramienta constitucional para destituir al jefe del Ejecutivo se empezó a usar con mayor facilidad por el Congreso de turno sin medir las consecuencias para el país.
La asunción de Keiko como primera dama se dio lejos de un entorno familiar pacífico. En 1990, Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales con el partido Cambio 90 y su entonces esposa, Susana Higuchi, tomó el cargo de primera dama.
Dos años después, el 24 de marzo de 1992, Higuchi denunció de forma pública que los hermanos de su esposo e incluso él mismo, seleccionaban la ropa que donó Japón para los más necesitados en Perú para quedarse con la que estaba en mejor estado y dejar lo más ‘viejo’ para entregar a las personas pobres.
El 23 de agosto de 1994 Keiko Fujimori tomó el título de primera dama, sin importarle que en ese mismo año, Susana Higuchi había acusado a su esposo de torturarla por intentar denunciar corrupción dentro de su gobierno. Este negó las imputaciones y se defendió diciendo que Higuchi era “inestable”, y se separó de ella.
La hija del dictador asumió roles protocolares como acompañar a Alberto Fujimori a eventos, pero tuvo que afrontar las acusaciones por el desvío de ropa donada, pintar de rosado algunas de las habitaciones de Palacio y los cuestionamientos por no haber defendido a su progenitora de las presuntas torturas del entonces presidente.
En el 2004 ambas se reconciliaron e Higuchi afirmó que ella le solicitó a Keiko para que ocupe su lugar como primera dama, pero frente a la opinión pública el comportamiento de la lideresa de Fuerza Popular con su madre aún deja mucho que desear.
En el 2006 Keiko Fujimori logró entrar al Congreso con el partido Alianza por el Futuro, y fue la parlamentaria más votada con 602.869 votos. No obstante, faltó 500 días al hemiciclo durante su periodo de gestión por permiso de maternidad en dos ocasiones, además de otros para viajar al extranjero y terminar sus estudios de postgrado, según un informe que elaboró La República.
Del mismo modo, no presentó tantos proyectos de ley como se espera de alguien que tomaba como bandera la ‘buena gestión’ de su padre expresidente y prometió trabajar por el país. Así, de los 128 proyectos de ley presentados con su bancada, solo fueron aprobados 37. Teniendo como año más productivo en el 2006 - 2007 y menos en la última legislatura 2010 - 2011, con solo 3 PL publicados en el diario oficial El Peruano.
Durante sus 5 años en el Parlamento estuvo como titular de la comisión de Economía y Finanzas, en los que se registró que en el 2009 - 2010 Keiko Fujimori asistió a siete de las 42 sesiones. Todo ello le costó al país un millón 60 mil soles, ya que recibió 16 sueldos de S/ 15.600 mensuales que incluían sus gastos operativos.
En las elecciones generales del 2016, Keiko Fujimori tentaba por segunda vez ocupar el más alto cargo del Ejecutivo. Nuevamente, no lo logró, ya que fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la candidata naranja había logrado 73 escaños en el hemiciclo, que no dudó en usar para petardear la estabilidad del Gobierno sin importarle las consecuencias para el país.
Es así que a través del chat de WhatsApp ‘La Botica’, publicado por IDL Reporteros, la bancada coordinaba todos sus movimientos siempre bajo la aprobación de Keiko Fujimori. A través de ella, se pudo develar la intención de blindaje a favor del defenestrado fiscal Pedro Chávarry, luego de que se le acuse de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, tras la difusión de audios interceptados por equipo de la Fiscalía con lo que se reveló cómo operaban algunos altos funcionarios del sistema de justicia para conseguir favores y colocar magistrados a dedo.
El entonces fiscal de la Nación separó a los integrantes del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes venían investigando a la lideresa de Fuerza Popular por los aportes ilícitos de la constructora Odebrecht. Además ingresó ilícitamente a un lacrado de la oficina del Ministerio Público que contenía un informe relevante sobre el caso contra la actual candidata.
Pese a que fue denunciado ante el Congreso y la Fiscalía por estos actos, la mayoría de demandas se archivaron con votos fujimoristas en la Comisión Permanente, por lo que el Ministerio Público no pudo investigar al entonces fiscal supremo.
Luego de esto fue difundida por IDL Reporteros una conversación del chat ‘La Botica’ en el cual la lideresa de Fuerza Popular le dio órdenes al entonces presidente del Congreso (y su actual candidato a la vicepresidencia) Luis Galarreta, de asistir a la ceremonia para la asunción al cargo de Chávarry, acto que se cumplió como ella lo había solicitado en su momento.
En su momento, el excongresista Juan Sheput dio a conocer que Fuerza Popular le ofreció ser presidente del Parlamento si resolvía positivamente sobre las denuncias pendientes de Chávarry, en el informe que estaba elaborando para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
“A mí me ofrecieron la presidencia del Congreso y fue público, y me la ofrecieron en más de una oportunidad, y había un condicionamiento el tema (Pedro) Chávarry”, precisó Sheput en noviembre de 2019, aunque días después lo negó.
La mayoría fujimorista también obligó al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a renunciar al cargo luego de que Odebrecht diera a conocer de presuntas negociaciones con la empresa Westfield Capital, propiedad del exmandatario.
De esta manera, la oposición intentó vacar al presidente por “incapacidad moral permanente” en dos oportunidades, hasta que finalmente Kuczynski dimitió, y en su reemplazo asumió Martín Vizcarra.
Caso Cócteles y vinculaciones con Odebrecht
El Ministerio Público acusa a Keiko Fujimori por la comisión de los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica.
La primera investigación que se abrió en su contra en el 2016 fue por los ‘aportes fantasmas’ a su campaña presidencial del 2011, que más tarde se denominó Caso Cócteles, ya que el partido organizaba este tipo de reuniones o rifas a fin de recaudar dinero para fondos proselitistas.
La tesis de la Fiscalía es que la aspirante a la presidencia habría lavado más de 1 millón de dólares que provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht, el cual se solventaba con contratos ficticios y de obras sobrevaloradas, por lo que tenían origen ilícito.
Este pago lo confirmó Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú durante el interrogatorio en Curitiba, Brasil, por el Equipo Especial. Especificó que durante la primera vuelta entregó US$500.000 a Jaime Yoshiyama y al ex ministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere. Ya para la segunda vuelta, les dio otros US$500.000 a ambos. “Nosotros habíamos tomado la decisión de aumentar US$500 mil”, señaló Barata.
Marcelo Odebrecht, exCEO de la constructora Odebrecht, acotó también al ser interrogado que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko, así como de los otros candidatos que iban primeros en la intención de voto de las elecciones generales del 2011.
Ante estas evidencias, y otras, la Fiscalía mantiene la hipótesis que Keiko Fujimori lidera una organización criminal que usa como fachada al partido Fuerza Popular, compuesto de un núcleo duro, dispuesto a captar el poder político en 2011 y 2016.
A causa de la evidencia presentada, el 10 de octubre del 2018 el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención preliminar por un plazo de diez días de Fujimori Higuchi, los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere y otras 17 personas, por el presunto delito de lavado de activos.
Siete días más tarde se anuló la medida y salieron en libertad, luego de que la Segunda Sala de Apelaciones considerara que el magistrado Concepción Carhuancho no sustentó la orden de detención preliminar contra la lideresa fujimorista y los demás investigados.
El 19 de octubre de ese año el fiscal José Domingo Pérez formalizó la investigación preparatoria por presunto lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular y once personas. De igual modo, solicitó 36 meses de prisión preventiva para Augusto Bedoya, Yoshiyama, Ana Herz de Vega, Pier Figari, Vicente Silva Checa, entre otros.
El juez Richard Concepción Carhuancho tras considerar los graves elementos de convicción, ordenó que se hiciera efectivo los 36 meses de prisión preventiva, por lo cual Keiko ingresó por segunda vez a prisión el 31 de octubre del 2018.
“Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada de facto al interior en Fuerza 2011. (Keiko) era la maquinadora, autora de una estructura de poder para que otros hagan esos delitos. Es decir, era la mujer de escritorio que maquinaba este aparato”, señaló el magistrado.
Las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez continuaron y determinó que la candidata presidencial “instigó” al fundador del estudio de abogados Oré Guardia, Arsenio Oré Guardia, para que impida que “se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes” a su campaña del 2011, haciendo uso de la amenaza. Por ello, el 13 de diciembre del 2018 amplió la investigación preparatoria contra Fujimori Higuchi por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
El 31 de noviembre del 2019, tras 13 meses en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, Keiko Fujimori salió en libertad gracias a un habeas corpus admitido por el Tribunal Constitucional (TC), que fue presentado por su hermana, Sachi Fujimori, en julio de ese año.
El proceso en contra de la lideresa del partido naranja continuó y en la audiencia del 23 de enero del 2020 para evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra por 18 meses, el fiscal Domingo Pérez sustentó nuevamente sus alegatos en el marco de la investigación por los presuntos aportes ilícitos que recibió de Odebrecht y otras empresas.
Keiko Fujimori retornó a prisión preventiva el 28 de enero del 2020 al hacerse efectiva la sentencia del juez Víctor Zúñiga Urday, quien dictó 15 meses. No obstante, volvió a salir de la cárcel el 30 de abril del mismo año dado que el Poder Judicial revocó la medida y le otorgó comparecencia con restricciones, debido al posible riesgo de contraer COVID-19 por la superpoblación penitenciaria.
Hasta la fecha, la tres veces aspirante al más alto cargo del Ejecutivo mantiene la medida y ha solicitado permiso al juez para poder trasladarse al interior del país para poder realizar sus actividades proselitistas. También intentó viajar a Ecuador, pero este pedido fue rechazado.
En la historia del Perú, ningún candidato presidencial ha sido electo teniendo investigaciones en su contra. Tal como advierte el abogado penalista Rafael Chanjan Documet, Keiko Fujimori sería el posible primer caso, ya que tiene reales posibilidades de ocupar el más alto cargo de Palacio de Gobierno, según los últimos sondeos de intención de voto.
El también Coordinador del Proyecto Anticorrupción del Idehpucp, afirma que Keiko Fujimori ha evidenciado un peligro procesal materializado, incluso ratificado por instancias superiores. Por este motivo, la eventual llegada de Keiko al Ejecutivo genera muchos cuestionamientos.
¿Cuál es el perfil de Keiko Fujimori como investigada?
La Corte suprema ha evidenciado en ella un peligro procesal y un entorpecimiento a la actividad probatoria, entonces a partir de ello creo que uno puede afirmar que ciertamente ya existen antecedentes respecto de la conducta procesal que ha tenido la señora Fujimori, para decir que no tiene una actitud colaboradora con la justicia.
¿Cómo se ha demostrado eso?
Esto concretamente se ha valorado por parte del Poder Judicial cuando se ha afirmado que hubo ofrecimientos de beneficios a testigos que presuntamente habrían sido los falsos aportantes de Fuerza Popular en la campaña 2011 para que cambien su testimonio y esto no cometido directamente por la señora Fujimori, pero sí a través de otras personas, más aún si estamos ante una imputación de organización criminal. Esto el Ministerio Público lo ha presentado como elementos de convicción para afirmar el peligro procesal.
También se evidenció una coordinación obstruccionista desde su bancada en el 2016…
No hay que dejar de lado el hecho de que efectivamente en el anterior Congreso hubo una mayoría de parlamentarios del partido Fuerza Popular que incluso pudo evidenciar de determinadas coordinaciones, conversaciones, en las cuales se tenía una finalidad de amedrentar, de utilizar el poder político para atacar a los fiscales, al equipo especial. Estos antecedentes se deben valorar.
¿Considera que Keiko Fujimori respetaría la independencia de poderes, tal como lo ha repetido durante la campaña?
Lo que yo te podría decir es que ya hay antecedentes objetivos de una actitud no colaboradora con la justicia cuando ella tuvo la calidad de imputada y también hay antecedentes de un abuso de una mayoría política para intentar mellar el transcurso de las investigaciones. Si antes se tuvo una mayoría del Congreso en la que tuvo esa actitud, teniendo ahora el control del Poder Ejecutivo existe un riesgo también.
¿Qué pasaría con las investigaciones de Keiko si llega a la presidencia?
Ahí hay que tener en cuenta el artículo 117 de la Constitución que dice que el presidente de la República no puede ser acusado más que por las causales que se establecen como cerrar el Congreso, impedir las elecciones, etc. Ahí hay dos interpretaciones, una que dice, por un lado, que no existe ningún problema en que continúe su juicio oral y su proceso penal siendo incluso ella presidenta, porque el delito que ella habría cometido es anterior al que tenga la calidad de presidenta.
Pero también podrían detener las investigaciones…
Sí claro, el Poder Judicial puede sacar una disposición, una resolución diciendo “en la medida que esta imputada tiene la calidad de presidenta de la República y el 117 de la Constitución, suspéndase mientras ella está en el cargo”.
¿Entonces quedaría netamente a interpretación?
Es interpretable la Constitución y no hay un antecedente en el cual una pueda decir así es como debe interpretarse, el Tribunal Constitucional tampoco lo ha dicho expresamente, ahí se abre el margen de discrecionalidad. La Constitución no diferencia delito común entre delito en ejercicio de la función y que no puede continuarse el proceso se tenga que suspender hasta que ella deje el cargo de presidenta.
¿Quién tiene la potestad para solicitar la continuidad de las pesquisas?
El propio fiscal, el propio Ministerio Público para ver si es que ella siendo presidenta puede continuar siendo investigada o procesada.
Ante esta situación, ¿qué opciones tendría la defensa de Keiko?
Estoy seguro que, si eventualmente Keiko Fujimori sale presidenta, al día siguiente su abogado defensor lo primero que va a hacer es presentar un escrito al Poder Judicial diciendo que suspenda la investigación y el juez va a tener que resolver ese pedido.
Es un poco contradictorio que diga que respeta las investigaciones, sin embargo postule al más alto cargo del Ejecutivo sabiendo que sus procesos podrían suspenderse...
Ella también tiene el derecho (de participar en las elecciones), tiene la presunción de inocencia, mientras que no es sentenciada ella sigue siendo inocente y tiene derecho a la participación política. Pero los antecedentes que tiene de una actividad no colaborativa con la justicia, creo que generan un riesgo.
